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Boletín de prensa 28 de abril de 2011
EL TIEMPO
ENTUTELAN TERNA A CONTRALOR DE BOGOTÁ
Consejo de Estado admitió una tutela por selección del candidato Mario Solano Calderón a la terna.
La tutela fue interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la selección de Solano Calderón a la terna que servirá para elegir al nuevo contralor de Bogotá, en reemplazo del destituido Miguel Ángel Moralesrussi.
Roddy Cortés Sanguino puso la acción judicial, el pasado 13 de abril, tras considerar que el tribunal "violó el debido proceso", por lo cual pidió la anulación de esa nominación y la selección de otro candidato, entre los otros 14 aspirantes a esa elección.
Según Cortés, el médico Solano es "un avezado político, secretario general y representante del Partido de la U, a la vez asesor de la Contralora General, inexperto en la materia del proceso auditor y sin experiencia en cargos del Distrito".
La presidenta del Concejo de Bogotá, María Victoria Vargas, fijó el próximo 6 de mayo como el día para elegir al nuevo Contralor.
Ahora, ese proceso dependerá de lo que decida el Consejo de Estado, en los próximos días.
SUPUESTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE LUCERO CORTÉS SALPICA A JUDICATURA
La Corte dictó medida de aseguramiento contra la congresista Lucero Cortés.
Corte Suprema ordenó la detención de la congresista del Partido de 'la U'.
Por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema, la representante a la Cámara por 'la U' Lucero Cortés tiene desde ayer su casa por cárcel.
Los magistrados ordenaron su detención en un proceso por supuesto tráfico de influencias que salpica a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
La congresista fue denunciada por el abogado Juan Carlos Salazar Torres. Según él, Cortés y su esposo, Manuel Rincón, habrían movido influencias en la Judicatura para que fuera sancionado. Salazar representaba a la contraparte de Rincón en un proceso por supuesta estafa.
En el proceso, otra abogada llamada Cecilia Moreno -quien durante varios años estuvo a cargo de la parte legal de la empresas del esposo de la congresista- testificó en el proceso y aseguró que Cortés intentó influenciar al magistrado Rafael Vélez Hernández, quien llevaba el caso disciplinario contra Salazar.
Como este se habría negado, dice el expediente, la congresista habría acudido a magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que lo presionaran.
La testigo afirma que el mismo Rincón le dijo que necesitaba 150 millones de pesos para resolver el tema en la Judicatura en Bogotá.
El magistrado Vélez le dijo a la Corte que en retaliación por haberse resistido a las supuestas presiones de Cortés, fue sancionado disciplinariamente por un proceso que ya había sido fallado a su favor.
También denunció ante la Comisión de Acusaciones a los magistrados del Consejo Angelino Lizcano, actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Alonso Flechas (ya retirado) y Julia Emma Garzón, ex presidenta de la Sala Disciplinaria de ese tribunal.
El abogado Germán Palacios, que representa a la congresista, dijo que el proceso contra su cliente "ha sido más mediático que judicial", y que solo pretende deslegitimarla ante la opinión pública.
Los mismos testigos y denunciantes, asegura, participan en otro proceso contra la congresista por un caso de una tutela que terminó en la Corte Constitucional.
La tutela fue presentada en el 2007 y, por estos hechos, la Corte Suprema ordenó una inspección a los archivos de la Secretaría de la Corte Constitucional para verificar el trámite que tuvo esa tutela.
Cortés también enfrenta otros dos procesos por tráfico de influencias. Uno de ellos es por denuncias que hizo el director de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, por el manejo de bienes incautados al narcotráfico.
EN EVENTO ACADÉMICO EN CALI PRESENTARÁN NUEVA LEY
Es la ley 1437 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Este evento, en el Hotel Intercontinental de Cali, se cumplirá entre este jueves y viernes.
Participarán importantes conferencistas, dentro de los que se cuentan los Miembros de la Comisión de Reforma, Consejeros y ex Consejeros de Estado, Presidentes de Altas Cortes, el Auditor General de la Nación, el Viceministro de Justicia y diferentes personalidades del sector público y académico, dijo Martha Patiño
directora de la Fundación Tribuna Jurídica.
El objetivo es dar a conocer los elementos esenciales del nuevo Código Contencioso Administrativo, los retos para su implementación y su incidencia en el mejoramiento de la gestión pública.
Es organizado por la Fundación Tribuna Jurídica, con el apoyo de la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Libre, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad del Valle, Comfenalco, la Cámara de Comercio de Cali, la Industria de Licores del Valle, la Beneficencia del Valle del Cauca, Infivalle, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali.
Al finalizar el evento académico el viernes, a las 4:00 p.m. en el Gran Salón del Hotel Intercontinental, se exaltará a la Corte Constitucional en sus 20 años y a su presidente, el vallecaucano Juan Carlos Henao Pérez.
Al acto protocolario asistirán dignatarios del nivel central y representantes de todos los sectores de la región.
INVESTIGAN SUPUESTAS PRESIONES DE LUCERO CORTÉS A MAGISTRADOS
Corte Suprema indagará si buscó lograr favores en el Consejo Superior de la Judicatura.
Esto se suma a la investigación que el alto tribunal le La Corte Suprema de Justicia señaló que Lucero Cortés Méndez deberá responder por "la probable realización de la conducta punible de tráfico de influencias de servidor público contemplada en el artículo 411 del Código Penal, sustituyendo la detención en establecimiento carcelario por reclusión en el lugar de residencia".
parecer, Cortés, del Partido de la ' U' habría presionado a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que se sancionara a un abogado investigado por supuestas fallas disciplinarias.
De otro lado, la Corte dictó resolución de acusación "como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado" contra el ex congresista Javier Enrique Cáceres.
También dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a libertad provisional ni a reclusión domiciliaria, al ex representante a la Cámara por Guainía, Pedro Nelson Pardo Rodríguez, por "su probable responsabilidad como cómplice de delito de rebelión agravado".
EL ESPECTADOR
LUCERO CORTÉS HABRÍA PRESIONADO SANCIÓN A MAGISTRADO, DICE LA CORTE
El magistrado Rafael Vélez dice haber sido sancionado por negarse a favorecer a su esposo.
La representante a la Cámara, Lucero Cortés, pudo haber presionado la sanción de un año que sufrió el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Rafael Vélez, supuestamente, por negarse a favorecer los intereses del marido de la dirigente Manuel Rincón, según la investigación que abrió este miércoles la Corte Suprema de Justicia.
Aparentemente, la parlamentaria también se reunió con integrantes de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, en busca de que se condenara disciplinariamente al juez, según él, como retaliación por no haber sancionado al abogado que se encontraba en litigio con el compañero sentimental de Cortés.
Él mismo denunció en entrevista publicada por El Espectador, que la decisión de sus superiores se debía a que se había negado a sancionar al jurista y no a la supuesta mora que se le atribuía en varios procesos. Según un testigo, la dirigente también se reunió con su mismo denunciante para hablar de la confrontación jurídica que protagonizaba su esposo por un caso en el que consideró haber sido víctima de estafa.
Al parecer, Cortés desplegó varias acciones, en el propósito de que la Justicia fallara en favor de los intereses de su marido, que buscaba la revocatoria de la preclusión dictada por la Fiscalía en la investigación y la sanción del abogado con el que estaba enfrentado, por la compra de acciones de una firma de televisión por cable.
En ninguna de las decisiones jurídicas los esposos Cortés obtuvieron los resultados que esperaban, pero la Corte Suprema de Justicia encontró mérito para vincular formalmente a la parlamentaria del Partido de la U por presunto tráfico de influencias, con el propósito de precipitar fallos que controvirtieran las decisiones del fiscal, quien no encontró indicios de la ocurrencia de la aludida estafa.
ELIMINACIÓN DE COMISIÓN DE TELEVISIÓN
Ad portas de ser realidad eliminación de Comisión Nacional de Televisión
Al considerarla “innecesaria, ineficiente e inútil”, la plenaria del Senado aprobó en sexto debate la iniciativa. Sólo le restan dos trámites en la Cámara.
A muy poco de ser realidad quedó el proyecto de acto legislativo que busca eliminar de la Constitución la Comisión Nacional de Televisión.
Demostrando un consenso político sobre el “daño que ha causado” a la televisión del país la Comisión, la plenaria del Senado por “unanimidad” en todos los partidos aprobó la iniciativa en sexto debate.
El ponente del proyecto, el senador Juan Fernando Cristo, explicó que esa institución es “innecesaria, ineficiente, inútil y excesivamente costosa para los colombianos”.
“Esperamos que a más tardar junio de este año desaparezca del ordenamiento constitucional la Comisión Nacional de Televisión”, aseguró.
El legislador consideró que ésta será una “extraordinaria noticia” para quienes hacen televisión en el país porque “ya no estarán los burócratas que se comieron la plata de la televisión en los últimos 15 años”.
El proyecto aún debe ser aprobado por la comisión primera y la plenaria de la Cámara antes de ser realidad en el país.
Tras la eliminación de la Cntv, el Congreso deberá fijar nuevas reglas de juego para la televisión, donde sean adaptadas las nuevas tecnologías.
AVANZA PROYECTO PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE MILITARES
El ministro de Defensa señaló que de ser aprobado los uniformados tendrían una defensa de calidad.
Como muy importante para las tropas, consideró el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el proyecto de ley de Defensa Técnica Judicial que avanza en el Congreso de la República, el cual busca crear un servicio integral de defensoría para los miembros de la Fuerza Pública que se vean implicados en procesos penales y disciplinarios relacionados con el servicio.
“Es un proyecto muy importante que va a crear un fondo cuenta con recursos públicos y privados, para financiar una defensa técnica judicial apropiada, de buena calidad para nuestros militares y policías activos y en retiro”, afirmó el Ministro.
Explicó que con éste proyecto no sólo se busca garantizar el derecho fundamental de la defensa ante los estrados judiciales nacionales e internacionales, sino además proteger el patrimonio económico de aquellos uniformados que se vean inmersos en investigaciones por conductas que hayan incurrido en ejercicio de sus funciones.
“Esperamos que con la aprobación de éste proyecto de Ley, nuestros héroes de la Fuerza Pública reciban un mensaje claro y contundente en el sentido de que defender su actuación en el cumplimiento del deber no es un asunto privado de ellos o de sus familias, sino que es un asunto público de la mayor importancia que el Estado colombiano”, resaltó el alto funcionario.
Reveló además, que la próxima semana asistirá a una audiencia en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, con el propósito de escuchar opiniones de sectores ciudadanos interesados en el tema.
Finalmente, envió un mensaje de unidad y actitud ofensiva a todos los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para ganar la victoria frente al narcoterrorismo.
“Tenemos que acabar con esa pesadilla que hemos sufrido durante ya 47 años en Colombia y somos capaces de hacerlo. Tenemos la experiencia, el heroísmo, el valor y la preparación de nuestros hombres para lograrlo”, aseguró Rivera.
GASTO PÚBLICO Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Por: Rodolfo Arango
En estos días se aprobó en el sexto de ocho debates legislativos una reforma constitucional que busca elevar la sostenibilidad fiscal a principio constitucional.
Las razones del Gobierno para defender su proyecto son comprensibles: el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza exigen disciplina en la administración de los recursos públicos. Un manejo sano de las finanzas impone no excederse en los gastos y cuidar los ingresos; más ante las perspectivas de bonanza minera y petrolera que pueden llevar al crecimiento incontrolado de voraces demandas para satisfacer necesidades insatisfechas de millones de colombianos. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, teme que los jueces agüen las promisorias perspectivas de prosperidad mediante el reconocimiento de costosas tutelas que abren boquetes a las arcas públicas y nos conducen a todos “por un camino de servidumbre”. A los argumentos económicos se añaden otros democráticos: los responsables del gasto deben ser los poderes elegidos directamente por el pueblo, no jueces “irresponsables”, sin representación popular ni control político de sus decisiones.
La intención del Gobierno no pasa de ser una buena intención que erra los medios para realizarla. De hecho, existe una alta probabilidad de que la reforma constitucional —según las claras y estrictas reglas establecidas en la jurisprudencia— se hunda en la Corte Constitucional. Esto porque ella sustituye la Constitución, al transformar la fórmula política del Estado social de derecho en una de Estado de derecho a secas. Además porque elimina la protección de los derechos sociales por vía de la tutela, como prolijamente lo expuso el representante Alfonso Prada en el Congreso (http://www.youtube.com/watch?v=I5for7fcteY). En el mejor de los casos, la reforma es inocua, ya que ante la colisión entre los principios de sostenibilidad fiscal y de Estado social de derecho los jueces deben hacer prevalecer la protección de los derechos fundamentales, en particular los derechos sociales.
Al debate público sobre un tema aparentemente técnico quisiera añadir dos argumentos más: uno de orden conceptual y otro de política internacional. El primero dice que razones económicas y de conveniencia política, vístanse como se vistan, como “derecho a la sostenibilidad fiscal” o como “principio constitucional”, en un Estado constitucional de derecho, no vencen a los derechos fundamentales. Estos están tan enclavados en el corazón de los ciudadanos y su material normativo es tan resistente, que no pueden ser afectados por razones de conveniencia política, económica o fiscal.
El sgundo argumento es más práctico. La reforma constitucional viola obligaciones internacionales del Estado colombiano y puede, paradójicamente, significar el entierro de los TLC con Estados Unidos y con Europa. Se desconoce el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrado en tratados internacionales, cuando un Estado disminuye injustificadamente —y las razones fiscales no son fundamento suficiente— los niveles de garantía de los derechos convencionales alcanzados en el orden interno. De hecho, si se aprueba la reforma constitucional, se terminaría de un plumazo la protección a la población desplazada por el conflicto armado, al no ser ya posible la tutela judicial de sus derechos sociales. Hay mejores maneras de conciliar la economía con el derecho. Pero parece que en el Congreso se impone una visión mayoritaria especialmente sorda al lenguaje de los derechos fundamentales.
QUÉ INJUSTICIA!
Por: Tatiana Acevedo
Sin saber qué pasó con su hija norma tras la toma del Palacio de Justicia, ocurrida hace más de 25 años, falleció el pasado fin de semana Elvira Forero de Esguerra.
Espero que antes de morir no haya sido testigo del despliegue mediático alrededor del libro ¡Qué injusticia!, en el que la esposa de Alfonso Plazas Vega afirma que no hubo desapariciones forzadas en la retoma de Palacio y que, en realidad, el coronel en retiro es víctima de un complot.
Qué injusticia que Elvira Forero hubiese tenido que escuchar semejantes despropósitos luego de haber dedicado tantos años a buscar a su hija. Qué injusticia, también, que las familias de las once personas desaparecidas por el Estado deban seguir expuestas a un negacionismo impune.
Lo cierto es que hay una verdad fáctica, defendida por la Fiscalía después de una investigación técnica y fallada, además, por la Rama Judicial en junio del año pasado: diez civiles y la guerrillera Irma Franco fueron víctimas de desaparición forzada por cuenta de actores del Estado.
Sin embargo, esta verdad, incompleta y debatible como cualquier otra, pero no por ello falsa (que no sepamos quién mandó a matar a Gaitán no implica que no lo hayan asesinado), no ha sido aprehendida. De acá que todavía se insista en lanzar interpretaciones eufemísticas del tipo “veamos la otra cara de la moneda”, como si la desaparición tuviese un reverso.
Poco importa que la Fiscalía haya dedicado años a esclarecer los hechos, o que la jueza que falló el caso haya tenido que exiliarse por amenazas de muerte. De cualquier manera, no son pocos los columnistas que, como cacatúas del expresidente, cada que pueden desautorizan a la justicia y retoman el patético aforismo militar que convierte a Plazas en defensor de la democracia.
Yentre tanto, los principales medios de comunicación dedican páginas enteras al lanzamiento del libro de la señora Vega, con pesquisas absurdas del tipo: “¿Hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia?”.
CORTE ORDENA CAPTURA DE CONGRESISTA LUCERO CORTÉS
Es investigada por tráfico de influencias a favor de su esposo.
En desarrollo del proceso que se le sigue, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de la congresista del Partido de La U, Lucero Cortés, pero le otorgó la detención domiciliaria.
Cortés, quien es investigada por la presunta injerencia en un fallo de tutela que buscaría favorecer a su esposo en un caso de estafa con un tercero.
En la decisión de la Sala Penal, se le ordena al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizar la captura de la congresista, con el fin de iniciar el proceso correspondiente.
El llamado a indagatoria los hizo la Sala Penal del Alto Tribunal el pasado 23 de marzo al encontrar que hay indicios de un aparente tráfico de influencias, versión que fue desmentida por la congresista.
Cortés también tiene otra investigación por el escándalo de la DNE, junto a otros 12 congresistas, quienes estarían involucrados en una especie de 'carrusel' de funcionarios públicos que fueron depositarios o administradores de bienes incautados a la mafia, teniendo como intermediarios a importantes abogados.
Cortés habría presionado la salida del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Rafael Vélez Fernández.
La determinación señala que algunos testigos relacionan que la Congresista supuestamente habría tomado una retaliación contra el Magistrado por no haber sancionado a un magistrado denunciado por su esposo.
La situación de la ex modelo y ex actriz se enredó también por una tutela en la que ella pretendía se fallara al parecer en favor de su esposo.
Dentro del proceso contra Lucero Cortés, la Corte Suprema ordenó la inspección de la tutela interpuesta por el esposo de la parlamentaria ante la Corte Constitucional por el delito de estafa.
El abogado defensor de la Congresista, el jurista Germán Palacio, dijo se trata de una determinación desproporcionada basado en pruebas inconsistentes.
La sentencia requiere la presencia de la congresista para que firme un acta de compromiso, para que así pueda gozar del beneficio de la casa por cárcel.
Las autoridades penitenciarias y carcelarias informaron que durante el transcurso de la tarde de ayer no fueron notificadas de la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria para la representante a la Cámara Lucero Cortés.
“Una vez notificados, en la misma resolución se dirá que la señora deberá presentarse al centro carcelario más cercano a su residencia donde gozará de su domicilio, y obviamente se deberá presentar a La Picota, a La Modelo o a El Buen Pastor, ahí se hace la correspondiente reseña, el registro y la afiliación como interna y una vez haga este procedimiento, ella queda en su domicilio, pero controlada con el Inpec”, explicó el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto.
El oficial explicó que tanto la hoy investigada como el Inpec deben ser notificados para que se haga efectiva la casa por cárcel.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional dijo que “para la Corte es indispensable que esto se aclare…ya que el día que se presente el fenómeno de la corrupción en las altas Cortes ese día comienza la disolución de la Nación… pues no sólo se trata de un delito sino de un verdadero crimen y de una indignidad mayúscula la cual no podemos permitir y por eso la Corte Constitucional le presta toda la colaboración al juez natural”.